11 de abril 2016
Chetumal en buena parte vive de la burocracia. Todos sabemos que como capital del Estado buena parte de los empleos públicos que responden al gobierno del Estado se encuentran en la ciudad, por eso afectó tanto a la «clase media» local el recorte de posiciones en el año 2013, y la reducción de salarios de los que quedaron.
Conforme se va asentando la idea de que sí es posible que Carlos Joaquin y Luis Torres Llanes consigan ganar sus respectivas contiendas, empiezan a escucharse las «consignas del miedo». Los funcionarios públicos están empezando a preguntarse si en el caso de alternancia mantendrán sus trabajos porque sus «jefes» les están amenazando con esta posibilidad.
La alternativa de UNE agarra fuerza, y tiene sentido como coalición, porque la autoridades políticas del Estado han abusado del poder de una forma increible.
Uno de los grupos sociales que más han sido afectados por ese abuso de poder es precisamente el de los funcionarios públicos. Se les ha hecho pensar que no están al servicio de la ciudadanía, sino de un partido político; se les ha limitado la capacidad de expresión; se les ha reprimido y se les ha humillado de forma reiterada. Sin duda, la no aplicación del servicio profesional de carrera que se aprobó por el Congreso del estado, a finales del sexenio de Hendricks ha contribuido para consolidar la inestabilidad laboral de los trabajadores de gobierno.
Carlos Joaquín se ha manifestado públicamente respecto a este tema, y ha mandado el mensaje de que no va a «correr» a los funcionarios que se encuentran desempeñando de forma correcta su trabajo.
Los funcionarios son ciudadanos, y como otros sectores sociales están molestos con el estilo de gobierno que han sufrido, especialmente en la administración de Roberto Borge. El sentido de la alternancia política que se está consolidando como posible es precisamente rescatar los derechos de todos los que han sufrido una administración tan deficiente. Sería absurdo que Carlos Joaquín «golpeara» a uno de los grupos por los que cobra sentido su alternativa política.
De hecho ojalá y se retome la idea de implantar el servicio profesional de carrera en la administración pública estatal, que ya está aprobada por el congreso local, pero que se engabetó en la administración de Félix González. Quizás pudiera ser una de las propuestas de gobierno del gobierno del cambio. Una idea fresca que diera certidumbre laboral a los trabajadores de gobierno y eliminase la arbitrariedad en las contrataciones y en las renovaciones laborales.
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