Publicado en Por Esto!
13 de marzo 2019
La verdad es que buena parte de la sociedad, y por supuesto los dirigentes políticos no saben cómo gestionar el tema de la inseguridad. Es relativamente normal. No es sencillo saber como recuperar niveles de convivencia aceptables. El crimen organizado es una empresa que busca beneficios, y que los obtiene en los márgenes de los prohibido, y ello no va a desaparecer.
El estado no puede permitirse perder el control del territorio. Guillermo Valdés, el ex director del CISEN en el gobierno de Calderón, hablaba de “captura del estado”. El presidente Andrés Manuel López Obrador también lo ha señalado a su manera: no puede permitirse que la nación tenga poco que decir en muchas zonas del territorio nacional, y en sectores económicos fundamentales.
Genaro García Luna, planteó lo que califiqué en algún lado como una “reforma profesional” del sector de la seguridad pública. Lo señalé así porque el secretario de Calderón, tenía una carrera profesional, en el interior de las agencias relacionadas con la seguridad, e identificaba los problemas desde el interior de las mismas. Pidió el apoyo para implantar una política de estado, en el que el partidismo quedara al margen, y se permitiera el fortalecimiento objetivo de las diferentes instituciones policiales. Jesús Alberto Capella, de una forma un tanto más atropellada, en cierta manera está pidiendo lo mismo. Él señala, sin manejar bien los conceptos, que la seguridad no se ha de politizar, cuando lo que quiere decir es que no debe partidizarse, y que unos jalen por un lado y otros por otro, en función de los intereses electorales.
Estoy de acuerdo tanto con García Luna, como con Capella; el problema es que no existe esa visión de estado. Los partidos políticos, la lamentablemente, no tienen visiones claras ni diferenciadas de como debe ser gestionada la seguridad pública. En algo tan sencillo como el definir qué perfil profesional debe tener un jefe de policía. Nadie tiene idea, y se contradicen y se repiten sin ninguna lógica. Les voy a poner un ejemplo, para dejar claro el punto. En el año 2012 de todos los estados de la República y las 26 ciudades más pobladas, 25 de ellos tenían un militar como jefe policial (no importando el color político de los gobernantes); en el 2015 eran 15; y en el 2018 sólo 10. A pesar de ello, la militarización de la seguridad pública nunca ha sido tan grande como lo es en estos momentos. El ejército impulsó la estrategia de las brigadas de la policía militar, la ley de Seguridad Interior, y finalmente la Guardia Nacional (y en todos los casos ha contado con el apoyo de los partidos político).
Lo triste es que en esta clase política no existe una idea clara de cual es el camino a seguir. García Luna, y Capella, tienen un perfil de ingeniero y de abogado respectivamente (aunque se les pueda calificar por su trayectoria como policías de carrera). Los dos insisten en la importancia de que prevalezca una estrategia técnica, e insisten en querer apartarse del juego partidario; sin embargo, en el fondo, forman parte del mismo.
En sus actitudes prevalece el autoritarismo y la falta de tacto y negociación. Aduciendo la idea de que ellos son los que saben, no escuchan ni tienen intención de formar equipo. En ello radica la fragilidad de su posición, y el error que lleva a que aconsejen de forma deficiente a sus jefes políticos (que son los verdaderos responsables del resultado de sus gestiones). El conflicto de Capella con el municipio de Solidaridad y las actitudes recientes del secretario, no sólo son infantiles, sino perjudiciales para el destino turístico y el propio Estado de Quintana Roo.
En este sentido el consejo mal dado por Capella, ha hecho, que una vez más el gobernador de Quintana Roo haya hecho el ridículo; esta vez en su mensaje semanal sobre el estado de la seguridad pública en el Estado (en verdad pensaba que era muy difícil superar a los deficientes consejeros de comunicación que ha tenido en el sexenio, pero me he equivocado).
Ustedes recordarán que el pasado dos de marzo se filtraron unos videos en los que se veía como una persona baleaba a los integrantes de una camioneta en la avenida Bonampak de Cancún. Minutos después, además, los propios elementos de la policía hacían circular un video extraído de su teléfono celular (creía que no tenían autorizado llevarlos consigo), en el que se mostraba el drama en el interior del vehículo atacado.
El señor gobernador, ni corto ni perezoso, trató de encubrir el tremendo error político, y el gran daño al destino que esas imágenes habían causado. Éstas habían sido irresponsablemente filtradas por integrantes del C-4, las primeras, y por los mismos policías las segundas. ¿Por qué esa simulación tan desafortunada? Carlos Joaquín González habló del gran avance que existía en la instalación de las cámaras de videovigilancia, y de los beneficios que ello traería a los quintanarroenses. Echó la culpa del desaguisado a los maleantes, que se habían venido siguiendo desde Mérida, a efectos de cometer el múltiple homicidio en el centro de Cancún, para que este destino turístico tuviera mala imagen. Por poco, el gobernador, afirma que los criminales eran actores de cine, y que habían venido a matarse en vivo y en directo, para que todo el mundo los recordase en su momento más estelar. Es sencillamente ridículo, y alguien le debería haber advertido al gobernador de lo irrisorias que iban a ser sus afirmaciones.
Hubo una seria filtración de imágenes que se virilizaron y que han hecho más daño a Quintana Roo, que los beneficios de muchas de las campañas de promoción turística existentes. Con la seguridad pública no se juega, ni se simula. Como dice Capella, éste es un tema profesional, en el que es imperativo ser prudente, humilde y escuchar sin simulaciones a múltiples actores: a los líderes partidarios, a la ciudadanía, a los expertos y a los opinadores. Cualquier otra estrategia, como tenemos comprobado, está condenada al fracaso.
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