Después de que el día 20 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara en Palacio Nacional con la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena el “Plan de Desarrollo para el sureste de México y Centroamérica”; y de que Marcelo Ebrard lo hiciera el 22 en Washington DC, y el 27 en Berlín; resulta que Donald Trump se enojó de nuevo y señaló el 30 de ese mismo mes, que México tenía hasta el día 10 de junio para cambiar de estrategia y detener los flujos migratorios hacia los Estados Unidos.
El día 7 de junio se firmó un acuerdo, por el que la Guardia Nacional, que todavía se encuentra en formación, y que iba a dedicarse a combatir el crimen organizado, debe enviar 6,000 elementos a la frontera sur para impedir el paso de los centroamericanos. Además, se acordó, que, por la falta de capacidad de las autoridades migratorias estadounidenses, México acogería, durante el tiempo que fuera preciso a los migrantes en las ciudades fronterizas del norte país.
Se apresuraron tanto Trump, que se encuentra iniciando su carrera por la reelección, como Andrés Manuel López Obrador, a señalar que estaban satisfechos con el acuerdo y que la dignidad nacional estaba a salvo. Donald Trump señaló sin embargo que, si en 45 días México no cumplía con la reducción del flujo de migrantes, reactivaría el chantaje sobre la economía mexicana e iniciaría de nueva cuenta con la política de poner aranceles a los productos mexicanos. Al chantajear a México, los Estados Unidos están atentando contra la independencia, la dignidad y la soberanía nacional de nuestro país.
De forma inmediata México debería buscar abrir otros mercados, y reducir la dependencia de los Estados Unidos. Hay que señalarle con claridad a los gringos que estas amenazas pueden tener consecuencia en la política de cooperación en temas de seguridad con la nación del norte. Utilizar como piñata a una nación soberana que tiene medios para responder, no se resuelve únicamente, con propuestas de diálogo.
Esta amenaza sí afecta a la seguridad nacional de México; no así lo hace el paso de migrantes indocumentados por el país. Declaraciones irresponsables como las del gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González, congratulándose por el cierre de la frontera no sólo son absurdas, sino que carecen tanto de la mínima información, como de sentido común.
En Chiapas desde el año 2006 al 2018, gracias a las tarjetas de visitante local y trabajador fronterizo, han sido casi 18 millones los cruces documentados, en Tabasco millón y medio, y en Quintana Roo alrededor de 8 millones de pasos de beliceños, que llegan a consumir en Chetumal, y a sostener una economía, que el gobernador no ha sido capaz de levantar a pesar de sus promesas de campaña.
El paso de migrantes indocumentados, y la presencia de extranjeros documentados en México, no es un tema de seguridad nacional; es un asunto de seguridad humana, en el que la integridad de unos y otros debe estar garantizada.
Desde los años ochenta del siglo pasado hemos asistido a un constante flujo migratorio silencioso, que ha generado muy pocos problemas para los mexicanos. La presencia del crimen organizado, los secuestros, los asesinatos de migrantes, y las difíciles condiciones de vida en sus países, es lo que ha llevado a que finalmente se haya organizado en caravanas, y que su visibilización haya generado alarma.
México ha seguido tradicionalmente políticas reactivas y represoras en contra de los indocumentados. Desde el 2001 al 2018 detuvo a dos millones doscientos mil migrantes, por lo que es claro que Trump no entiende muy bien el esfuerzo que México ha realizado en apoyo a su país.
De la caída de las torres gemelas en el 2001 al 2003 aumentaron las detenciones de migrantes y posteriores repatriaciones y se instauró el “Plan Sur”. Hasta el año 2008, en el que se cambio de Ley General de Población, y dejó de ser un delito para los centroamericanos transitar de forma indocumentada en México la política fue dura y represiva. Desde el 2008 al 2014, la noticia del incremento de secuestros y homicidios de migrantes, la insistencia de la CNDH de que el estado atendiera estos casos y tras los asesinatos de San Fernando en Tamaulipas, se redujo la presión en contra del tránsito, y se aprobaron la Ley Migratoria en 2011 y su reglamento en 2013. Fue nuevamente a partir del 2014, con el endurecimiento de las políticas de Obama que nuevamente México, aprobó un plan llamado “Frontera Sur”, e inició una política de “rescate” de migrantes, como le llamaron, para suavizar la idea de que, en realidad, se estaba implantando una política de búsqueda y captura de migrantes en tránsito. Esto no respondía a los efectos negativos que pudieran ocasionar los migrantes en México, que fueron menores, sino a la petición estadounidense.
Ciertamente no son muchos los extranjeros que viven de forma documentada en nuestro país. El número de naturalizados vivos, según la OCDE ronda el 0.8% de la población mexicana (desde el 2000 al 2017 se han naturalizado sólo unos 66.000). En relación a los migrantes que realizan sus trámites migratorios en el 2018 estaríamos hablando de 174.000 en toda la República, que pudieran llegar a ser unos 350.00 si se acumulasen las tarjetas de residente permanente desde el año 2013 al 2018. En cualquier caso, son pocos los extranjeros que viven en México, en relación a lo que sucede en otros países. Los Estados que reciben más migrantes son la Ciudad de México, Jalisco, Quintana Roo, Baja California y Chiapas, en este orden.
De los países cercanos, los venezolanos con 43,381, hondureños con 30,867, colombianos 28.482, cubanos 25,705 y guatemaltecos 22,461 serían los que tendrían más nacionales en nuestro país. Los venezolanos se encontrarían en su mayoría en la Ciudad de México, seguidos de lejos por Tabasco, Nuevo León y Quintana Roo. Los colombianos también en la Ciudad de México, así como en Jalisco, Nuevo León y Querétaro. Los cubanos en la Ciudad de México y Quintana Roo, seguidos de lejos por Yucatán y Jalisco; mientras que los centroamericanos se encontrarían sobre todo en Chiapas, seguidos por la Ciudad de México, Quintana Roo y Baja California. Por supuesto, a pesar de esta presencia en las entidades señaladas, también encontraríamos nacionales de estos países en los diferentes estados de la República.
Es sencillo opinar desde la computadora o los deseos. Fue muy complicada la negociación que llevó a cabo Marcelo Ebrard en días recientes. Se ha ganado tiempo; sin embargo, la represión y contención de los migrantes no es la solución. Nunca lo ha sido. Es cierto que la inversión de recursos para desarrollar el sureste mexicano y Centroamérica no ha rendido buenos resultados en el pasado. La corrupción ha sido tremenda, y los recursos no han llegado a donde deberían haber sido destinado. Sin embargo, qué otra solución, más que el desarrollo puede existir para que la gente no quiera abandonar su tierra de origen.
México y los Estados Unidos no pueden escapar a su geografía, de la misma forma que Europa tampoco es una isla inaccesible. Vivimos en un mundo con muchas desigualdades y las personas se mueven buscando un mundo mejor. La gestión de los problemas debe ser integral. La fuerza ha demostrado a lo largo de los años que no resuelve nada.
¿Qué hacer con Trump? No permitirle faltarle el respeto a México y hacer que se de cuenta de que todos pierden con sus posiciones. ¿Qué harían los Estados Unidos si México dejara de cooperar en asuntos de seguridad? En los hechos México es desde hace tiempo un tercer país seguro.
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