Se suele identificar la teoría keynesiana, que enfatiza la idea de la intervención estatal como estímulo de la economía en situaciones de crisis, como un asunto hacia el interior de las naciones. Sin embargo, la globalización, está evidenciando que los estados con posibilidades deben “intervenir” económicamente en sus áreas de influencia regional. En numerosos casos se vuelve un asunto de seguridad nacional, que busca favorecer la estabilidad, y evitar problemas.
Desde finales de la segunda guerra mundial el Banco Mundial (1944), y poco después el Banco Interamericano de Desarrollo (1950) fueron creados con la idea de fomentar el desarrollo en naciones con problemas estructurales. En el caso de Centroamérica, además de los diferentes créditos que han recibido por parte de estas instituciones, especialmente a partir de la década de los años noventa (una vez concluidas las guerras civiles), se ha sumado el apoyo económico de las agencias de cooperación de numerosos países (europeos, americanos o asiáticos).
Es de muy difícil cuantificación ubicar la cantidad de dinero que estos países han recibido por la vía del préstamo, de la donación, o de otro tipo de figura establecida para la entrega de elementos que apoyen su desarrollo; pero ha sido abundante.
En muchos casos las agencias de cooperación se han frustrado por los escasos resultados de sus esfuerzos. Si ésta se destinaba a capacitar a jueces o fiscales, la disponibilidad partidaria de los mismos, hacía que muchos no durasen en sus cargos, al ser removidos por la siguiente administración, y ello que había sido financiado por la cooperación internacional, acaba no cumpliendo su objetivo y frustrando a las agencias. Si se construían carreteras, puentes, redes eléctricas, siempre entraba en juego la certeza de la corrupción. Ello llevó a que Japón, después del huracán Mitch (1998), enviase no sólo recursos para construir un puente en El Progreso (Honduras), sino a ingenieros y equipos de trabajo, porque no confiaban en las autoridades del país. Paradójicamente ese puente construido por japoneses también se cayó tras la subida del río en unas lluvias torrenciales.
La cooperación económica internacional en la región ha sido impresionante. También México, a través del Plan Puebla- Panamá (2001-2008), que se transformó en el 2008 en el Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamericano (todavía en funcionamiento) ha contribuido en estos esfuerzos. El proyecto más reciente y ambicioso fue el que Barack Obama lanzó en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, como Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que entre el 2016 y el 2018, invirtió un total de 8,618 millones de dólares en Honduras, Guatemala Y El Salvador.
¿Por qué entonces, si la cooperación internacional ha sido tan importante, no se han fortalecido estos países, y se está viviendo una auténtica crisis humanitaria que se visualiza en el tránsito, a través de México, de centroamericanos buscando llegar a los Estados Unidos de América? No es una pregunta sencilla de responder, aunque rápidamente a todos se nos ocurre imaginar que la corrupción y el enriquecimiento de las elites, en perjuicio de la mayoría de la población es una de las razones principales.
El neoliberalismo, que se impuso en la región, y que fomenta la idea del “libre mercado, el crecimiento del capital y el emprendimiento como base de la riqueza” no ha sido un factor de crecimiento sostenible básicamente por dos razones: por una parte los grandes empresarios, nacionales y extranjeros, pudieron “emprender” y agrandaron la brecha de las desigualdades; y por otra los diferentes grupos del crimen organizado, que son empresas que se mueven en este contexto, se consolidaron, aprovecharon la debilidad del estado y se adueñaron de países en pobreza, dificultando a través de muchas técnicas de extorsión, el que las clases medias pudieran generar empleo y mantenerse seguras en sus actividades empresariales.
La apuesta de los Estados Unidos, que es el país más poderoso de la región ha combinado tradicionalmente la estrategia de mano dura, de cooperación en seguridad y defensa, con la estrategia del desarrollo económico. Hasta la fecha no se han generado condiciones de gobernabilidad adecuadas. Colombia y México han impulsado esfuerzos de integración económica sin mucho entusiasmo; y la Unión Europea en su conjunto y especialmente países como España, Francia, Alemania, Dinamarca, Noruega, Japón, Taiwán, y Canadá han desarrollado programas de fortalecimiento institucional, y de desarrollo de la sociedad civil.
La administración radical del presidente Trump en los Estados Unidos, y la descomposición de estos países, sometidos al crimen organizado, es lo que ha llevado a que la nación del norte se haya plantado y decidido securitizar la relación con los países centroamericanos y con las personas de estos países que huyen buscando refugio y mejores condiciones de vida en esa nación. La mayoría de éstos tienen familia en las principales ciudades y áreas urbanas estadounidenses, y muchos han hecho el camino de ida y vuelta en numerosas ocasiones (sea por repatriación forzada, o por voluntad propia).
En el caso de México, la sensibilidad de la actual administración, que no es muy diferente a los que apoyaron el Plan Puebla Panamá o el Proyecto Mesoamericano, ha señalado, que es necesaria la intervención del estado mexicano, para generar condiciones de vida aceptables en la región, y que los centroamericanos no tengan que arriesgarse a cruzar México, con la “asistencia técnica” del crimen organizado. Para ello, desde antes del inicio de la actual administración el canciller Marcelo Ebrard se alió con Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una organización del sistema de las Naciones Unidas, a fin de presentar un proyecto de inversión de más de 30.000 millones de dólares para desarrollar tanto el sureste mexicano, como Honduras, Guatemala y El Salvador. El objetivo es el mismo que el de otros programas; que los centroamericanos no tengan que huir de sus países.
La crisis humanitaria que se ha manifestado en la creación de “caravanas” de migrantes, y que ha generado la sensación de que ahora es mayor el número de paso de indocumentados por México; y la reacción desmedida de Trump amenazando a México con severas sanciones, en el caso de no fortalecer su control migratorio es lo que ha hecho que esta situación se haya tornado tan relevante en estas semanas.
El gobierno mexicano sigue pensando en la bondad del proyecto de desarrollo integral, y al mismo tiempo ha cedido implantando mayores controles de seguridad, que serán desbordados con toda seguridad por el crimen organizado, pero que ha dejado momentáneamente tranquilo al presidente estadounidense.
En días pasados, con la presencia del presidente de El Salvador Nayib Bukele, en Tapachula (Chiapas), tanto el canciller mexicano, como el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaron que entregarían 30 millones de dólares a El Salvador para fomentar el proyecto “Sembrando vida”, y que lo mismo se realizaría en los próximos días con los otros países, hasta alcanzar los 100 millones de dólares. A pesar de ser una cantidad muy limitada de dinero, en relación a los 30.000 millones de dólares anunciados; sin embargo, ello ha generado muchas críticas en la sociedad mexicana. Dentro de este plan de desarrollo regional, se encuentran proyectos en México como el tren maya, o la conexión ferroviaria entre Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos (Veracruz). La idea de la actual administración es invertir recursos económicos, según el ideario keynesiano, a efectos de incentivar la economía regional en un momento de una crisis muy profunda.
¿Darán resultados estas iniciativas? Posiblemente seguirán la inercia de otras que fracasaron anteriormente. Sin embargo, y frente a las críticas. ¿Qué se debe hacer? No hay duda que los mexicanos quieren que el Estado invierta, pero quieren que sea en México y para mexicanos. ¿Puede nuestro país aislarse de nuestro entorno? En mi opinión ello es imposible.
Es por ello que, de acuerdo con los países receptores, y con organismos internacionales, el estado mexicano debe invertir en Centroamérica, tratando de cuidar procesos y mejorar resultados. El libre mercado sólo ha generado pobreza, desigualdad y la presencia del crimen organizado. Es momento de seguir fortaleciendo estado y de implantar estrategias que integren políticas de desarrollo regional y de combate en contra de la corrupción y el crimen organizado.
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