Por Esto 18 de agosto 2019
El pasado domingo 11 de agosto se celebró la segunda vuelta de las elecciones generales en Guatemala. Se presentaban dos “clásicos” del sistema político. El derechista Alejandro Giammattei (VAMOS) que obtuvo un 58% del voto y será el próximo presidente; y la socialdemócrata Sandra Torres (UNE) que alcanzó un 42%.
El candidato vencedor se presentaba por cuarta vez a la presidencia de la República, siempre por un partido diferente (también compitió en dos ocasiones por la alcaldía de la ciudad de Guatemala), y Sandra Torres, ex primera dama 2008-2012, lo hacía por tercera vez, a pesar del rechazo del 49% de los guatemaltecos que aseguran en diversas encuestas que “nunca votarían por ella”.
Son dos candidatos que representan el establishment político tradicional. Giammattei es considerado un político duro, y que dará continuidad a las políticas del comediante Jimmy Morales, que dejará su cargo a finales de año. Médico de profesión, el futuro presidente sufre de esclerosis múltiple, y suele desplazarse en muletas o en silla de ruedas.
Se hizo conocido cuando era director del sistema penitenciario en el año 2006, y fue acusado a consecuencia de unas ejecuciones extrajudiciales conocidas como “Operación Pavo Real”. Éstas se dieron en el contexto de un intento de recuperación del control de la granja penal de Pavón, ubicada en las afueras de la ciudad de Guatemala. Se señaló que las operaciones clandestinas al interior del penal generaban 100.000 dólares de beneficios anuales, y que se trató de eliminar el autogobierno del penal. Tres mil policías entraron y se encontraron con una fuerte resistencia por parte de los internos (granadas, fusiles de asalto, armas cortas y bombas molotov). En noventa minutos las fuerzas de orden público abatieron a los 9 líderes de la prisión con tanquetas y francotiradores.
En ese momento Giammattei ganó mucha popularidad, y a pesar de haber fracasado ya en dos ocasiones como candidato a alcalde, en el año 2007 se presentó a la presidencia de la República, logrado un tercer lugar con un 17% de voto popular.
Tres años después la Comisión Interamericana Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), evidenció que el verdadero objetivo no había sido retomar el control del penal, sino ejecutar de forma extrajudicial a varios internos. Giammattei se refugió en la embajada de Honduras, pero finalmente el 13 de agosto del 2010 decidió entregarse, considerándose un preso político, y pasó 10 meses en prisión, cerrándose su caso en mayo de 2011 por falta de pruebas. Se victimizó, y señaló que el gobierno de Álvaro Colom (ex esposo de Sandra Torres) buscaba que no participara en las elecciones del año 2011 y que por eso lo mandaron a prisión.
El caso de Sandra Torres, la candidata socialdemócrata, no deja de ser chocante también, porque a pesar de su rechazo popular, se ha propuesto no abandonar el liderazgo de la “izquierda” guatemalteca todos estos años, anulando la posibilidad de una alternancia política. Durante la presidencia de su esposo Álvaro Colom, tuvo mucha presencia mediática; lideró políticas sociales, y recibió acusaciones de opacar al “Presidente”. Al final del mandato de Colom, y para superar la prohibición constitucional de que ningún familiar directo puede presentarse a elecciones para sustituir el mandato de cuatro años del presidente en curso; Torres presentó una demanda de divorcio, que fue interpretada con tintes electorales. Ello condenó a la izquierda, porque la ex primera dama fue inhabilitada días antes del proceso electoral, y no pudo buscarse sustituto.
En esa ocasión la presidencia se jugó entre dos candidatos derechistas; Manuel Baldizón, un empresario del Petén sobre el que existen sospechas de relación con grupos del crimen organizado y el general Otto Pérez Molina, que finalmente se hizo con el triunfo electoral. A partir del 25 de abril del 2015 miles de guatemaltecos salieron a la calle protestando por mayor democracia y el fin de la corrupción; después de una investigación de la CICIG (organismo de las Naciones Unidas, que llegó a Guatemala en 2007, para apoyar al gobierno a investigar estructuras criminales), en la que se acusaba por corrupción al presidente Otto Pérez y a la vicepresidenta Roxana Baldetti. El presidente acabó en la cárcel al final de su período. Lo que se conoció como la primavera chapina, más tarde se replicó de otra forma en Nicaragua en el 2018 y en Honduras en 2019.
Sandra Torres no se dio por vencida y volvió a “liderar” a la izquierda tradicional. Es esta ocasión si se llegó a la boleta electoral, pero el rechazo de buena parte de la sociedad por su persona; así como las consecuencias de la revuelta de abril, llevaron a que un cómico no integrado aparentemente en el sistema resultara electo presidente de la República. Jimmy Morales siguió una política continuista, apoyada por empresarios y por el ejército; y finalmente acabó también acusado por corrupción por la CICIG. Su mandato estuvo de hecho presidido por las fricciones entre este organismo internacional y la presidencia de la República. Después de ser investigado por ocultar información financiera, Morales expulsó y consideró como persona “non grata” a Iván Velázquez, presidente de la CICIG en agosto del 2017 (a pesar de ello la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la expulsión). Finalmente, a finales de agosto del 2018 Jimmy Morales señaló que no se renovaría la misión de la CICIG, y que en un año éstos tendrían que abandonar el país.
La ex primera dama volvió a no darse por vencida y de nueva cuenta “suicidó” a la izquierda, al impedir nuevos liderazgos y presentarse a las elecciones que se resolvieron este 11 de agosto. A pesar de ganar la primera vuelta, fue derrotada ampliamente por el derechista Giammattei en la segunda.
La relación de los grupos criminales con los políticos en Guatemala es muy conocida, y muy complicada de neutralizar. Es muy difícil señalar quién no tiene relaciones o responde a los intereses criminales. Violencia, corrupción y debilidad del estado son monedas corrientes en este país, que expulsa y es ruta de migrantes centroamericanos que se encaminan hacia México y Estados Unidos en busca de una vida mejor.
En Guatemala no existe un sistema de partidos estable, están en continua renovación; desapareciendo y surgiendo, aunque presenten a las mismas élites como candidatos. La participación electoral nunca ha sido alta. Desde el final del conflicto interno en 1996, los diferentes presidentes han sido electos con una participación relativamente baja, a pesar de la tensión política. El 1999 Alfonso Portillo fue electo con un 40.39% de participación; en 2003 Oscar Berger con un 46.80%; en 2007 Álvaro Colom con un 48.30; en 2011 Otto Pérez Molina con un 60.83 (compitiendo contra Baldizón y después de la inhabilitación de Sandra Torres); en 2015 Jimmy Morales con un 56.32% (tras la primavera guatemalteca); y el pasado domingo 11 de agosto Alejandro Giammattei con un 42.70%.
Una de las primera decisiones que tendrá que enfrentar el futuro presidente es ver cómo va canalizar las presiones de los Estados Unidos para no aceptar la instrucción de convertirse en un “tercer país seguro”, para los migrantes hondureños y salvadoreños. El ganador de las elecciones ya ha advertido que cómo van a poder hacerlo, si no tienen capacidad de darle seguridad a sus propios ciudadanos. Por otra parte, existe un acuerdo migratorio entre los países centroamericanos, conocido como C-4, que permite que ciudadanos de Honduras, Nicaragua, Guatemala y el Salvador circulen libremente por los otros países sin necesidad de pasar controles migratorios (esa fue una respuesta a las presiones europeas y estadounidenses para ir integrando la región de una forma efectiva).
¿Cuáles son las consecuencias de estas elecciones para Guatemala? Se va a desarrollar una política de continuidad. Los mismos seguirán mandando. No existen grandes diferencias entre las elites de derechas y de izquierda guatemaltecas, a pesar de la guerra civil, y del discurso. Sería importante que se diera rienda suelta a la voluntad ciudadana por una democracia más amplia y abierta. Que la “izquierda” no siguiera secuestrada por las élites de siempre, y que se permitiera la presencia de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales en el monitoreo del cambio político nacional. Lamentablemente ello no se avizora en el futuro cercano.
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