Con el apoyo de la comisión estatal de víctimas de Quintana Roo, y de cinco patrullas de la policía estatal, a las once de la mañana del 25 de mayo, regresaron a sus casas unos treinta desplazados de la comunidad de ex refugiados guatemaltecos del municipio de Bacalar.
El conflicto se inició por la pretensión de un grupo de habitantes de Maya Balam, que decían representar “al pueblo” de arrebatar de forma violenta las concesiones de transporte a los integrantes de la cooperativa que la están trabajando desde el año 2003. Su punto más álgido fue cuando a principios del mes de enero de este año, los autodenominados “representantes del pueblo”, encabezados por el subdelegado municipal Pedro Ramos Riego, y por el líder del comité de tierras, César Jacinto, torturaron en un espacio que habilitaron como cárcel local, al costado de la subdelegación a tres integrantes de la cooperativa.
Posteriormente quemaron una unidad de transporte, una casa y una camioneta particular, mientras que por otra parte en un acto de defensa propia fue lesionado en la cabeza con un machete uno de los agresores. El terror que se generó en la comunidad fue tan grande que se tuvieron que exiliar a Chetumal y la cabecera municipal de Bacalar cerca de 100 personas.
Desde ese momento se ha abierto un debate político y jurídico intenso. Finalmente, los desplazados han sido calificados como “víctimas”, dos de los agresores están esperando sentencia en el CERESO de Chetumal, y un grupo importante de los agraviados han regresado a sus domicilios. La protección de la policía se quedará en Maya Balam de forma indefinida.
La ausencia del presidente municipal Alexander Zetina es escandalosa. Desde el 9 de octubre del 2019 la agencia en Bacalar de la Fiscalía General del Estado había notificado una medida de protección por el oficio FGE/QR/BAC/ATP/10/745/2019, que se encuentra integrado en la carpeta de investigación FGE/QR/BAC/08/348/2019 a favor de Emiliano Calmo y 13 personas más por el posible delito de amenazas, allanamiento de morada, privación de libertad y robo. Esta medida de protección se presentaba en contra del subdelegado Pedro Ramos Riego, de César Jacinto González y Andrés Pedro Antonio
¿Por qué el presidente municipal no destituyó desde ese momento a su delegado? ¿Por qué no buscó mediar en un conflicto que todo indicaba que iba a culminar en una situación de violencia, y en la circunstancia de que ni siquiera la policía municipal tuviera la capacidad de entrar a la comunidad? Éste se justifica señalando que los problemas de concesión de transporte no son de su competencia, pero sí lo es el mantenimiento del orden público y el nombramiento y cese de un subdelegado, sobre el que se había iniciado una acción de protección.
La comisión de víctimas del Estado de Quintana Roo hoy acompañó casa por casa a los ex refugiados. No había alegría, sino calma tensa, y algo de alivio. La mayoría de la comunidad observaba con curiosidad. Hubo también llanto de dolor al encontrar la casa totalmente calcinada.
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