Iguala

Manuel Ek

5 de octubre 2014

El caso de la gestión pública en el municipio de Iguala muestra que lamentablente el color partidista de los representantes populares no condiciona ni hace preveer la conducta de las policias. Tanto el PRI, como el PAN, como el PRD en diferentes parte del país optaron por la militarización de la seguridad pública nombrando militares retirados al frente de sus corporaciones. Cuando no lo hacen, como en el caso de Iguala, la formación de los policías no garantiza su civilidad.
Es urgente un pacto nacional real por el cambio de gestión del sector de la seguridad pública. Seguiremos sangrando sino se abandona la simulación de unos y otros.
El caso de Iguala aparentemente se aleja de la responsabilidad tanto del gobierno federal, como del PRI como gestor en la política local, pero eso debe servir para hacernos reflexionar sobre lo mal que estamos haciendo las cosas, y lo poco que se entiende sobre cómo debe ser gestionada la seguridad pública.
Sin embargo Iguala es uno de los siete municipios del estado de Guerrero y de los 264 del país que reciben el SUBSEMUN, (Subsidio de Seguridad Pública para los Municipios). Se debe garantizar que los programas federales obtengan resultados y en este caso da miedo asomarse al vacío de lo que pudo pasar con los estudiantes normalistas.

Si se hace una búsqueda en internet de estos «personajes» no aparecen cosas agradables. Supuestamente relacionados con el narcotráfico, se señala los altos salarios y el nepotismo del alcalde. El secretario de seguridad pública, primo hermano del presidente municipal, parece que inició su carrera política como «oreja» de la inteligencia militar, y que hacía operaciones paralelas con patrullas policiales. Tienen antecedentes de represión, e incluso el alcalde tuvo que defenderse en una ocasión de no estar detrás del asesinato de un líder social. Iguala de la Independencia es uno de los siete municipios que recibe fondos SUBSEMUN. Eso debe significar que los titulares de la policía superaron los «controles» de confianza. También significa que parte de los 10 millones de pesos que recibió anualmente desde que se asociaron al programa debió destinarse a formación policial y programas de prevención social de la violencia.