La imagen del Senador Félix González Canto, ex Gobernador del Estado de Quintana Roo, burlándose de la democracia, en una grabación particular que ha compartido a través de las redes sociales, ha dejado confundidos a propios y extraños. ¿En qué mundo es concebible que un representante popular, por pura diversión, destruya la publicidad de un “rival” político, que además es pariente suyo, e incite de forma expresa a la violencia en pleno proceso electoral?
La impunidad que se vive en el Estado de Quintana Roo, viene de lejos y se ha ido complicando a lo largo de los últimos periodos gubernamentales. En Chetumal, por ejemplo, sigue sin acabarse la famosa “Mega escultura” que se inició en el gobierno de Joaquín Hendricks (1999-2005). Conocida popularmente como el “monumento a la corrupción”, se ha convertido en una “imagen” de esta manera de actuar, que contamina visualmente la Bahía de la ciudad, y del que nadie sabe exactamente ni cuántos millones ha costado, ni quiénes son los responsables.
Especialmente Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, han agravado esta situación haciendo que se conviertan en comunes, actos de abuso de poder inexplicables, que nunca han tenido consecuencias. Desde situaciones escandalosas de abuso de poder “burdas” como los que protagonizó, González Canto, con la espectacular fiesta de quince años que brindó a su hija; o al ponerla a cantar en otros momentos, con artistas de la talla internacional de Di Blasio y Julio Iglesias; o la búsqueda con recursos públicos del perro “Simón”, propiedad de Borge Angulo, que le costó el empleo a varios funcionarios por opinar negativamente al respecto y el derroche en viajes con fines particulares del Gobernador del Estado. Hasta situaciones mucho más serias, como el incremento del endeudamiento del estado, que ha llegado a convertirse en el segundo más grande per cápita del país, la humillación pública de un Rector de la Universidad de Quintana Roo, por “negarse” a contratar a un Secretario General que le imponía Borge Angulo, que le llevó a presentar la dimisión en el año 2012; y la selección de una Rectora sin perfil profesional adecuado que contribuyó a hundir los indicadores de la Universidad. O el surgimiento “repentino” de franquicias comerciales, y gasolineras cuyos propietarios son “cuestionables”; contratos de gobierno y licitaciones poco transparentes; y un abuso en la ocultación de información en relación a asuntos tan delicados como la inseguridad pública, o la presencia del crimen organizado en el Estado.
En Quintana Roo se ha consolidado la impunidad de un grupo de políticos priistas jóvenes, que han hecho “mancuerna” perfecta con los “niños dorados” del PVEM, estableciendo en el norte del estado su feudo y campo de operaciones, para fiestas, negocios y otras actividades que escandalizan a la población, que ha preferido mirar a otro lado por temor a las represalias. De esta impunidad ha sido cómplice tanto el poder legislativo, como el judicial. A lo largo de estos años no ha existido oposición política. Ésta se ha “comprado” con dinero y prebendas, o se ha silenciado a través del encarcelamiento puntual de sus líderes políticos, como fueron en su momento Fernando García Salvidea, o Gregorio Sánchez Martínez.
Esta situación se ha agravado por el silencio de la prensa, que ha sido neutralizada también mediante la compra de empresarios y periodistas; ataques gubernamentales como los que sufrió “Luces del Siglo” y “Noticaribe” durante mucho tiempo, o el encarcelamiento de periodistas, como el comunicador Pedro Canché, al que recientemente la CNDH señaló que el Gobierno del Estado debía presentarle una disculpa pública.
En el Estado de Quintana Roo ha existido una realidad de “cooptación” o “represión” muy severa. Ésta ha sido operada principalmente por el Senador Félix González Canto, y el grupo de “políticos” que le han acompañado a lo largo de los años. Ello explica que este político se sienta “intocable” y se sitúe por encima del bien, del mal y de la ley.
Carlos Joaquín González, al negarse a aceptar su segundo “apartamiento” de la posibilidad de competir por el puesto de Gobernador, fue convertido por Roberto Borge Angulo en un “símbolo”, del que la sociedad se está agarrando para protestar por esta impunidad tan arraigada. El abuso de poder al que ha sometido la ciudadanía por un régimen autoritario en los últimos años es intolerable. Esta impunidad es la causante de que varios “hechos” hayan quedado ocultos, y que todavía no sepamos muchas de las cosas que han estado pasando en uno de los estados más importantes para la imagen de México frente al mundo.
La reacción de la sociedad de apoyo a la figura de Carlos Joaquín González y a su idea de renovación de los modos de hacer política en el estado, es lo que ha sacado de quicio al senador por Quintana Roo Félix González Canto. La declaración de que Carlos Joaquín no contribuiría a permitir que la impunidad siguiera campando en el Estado y su creciente aceptación popular, han provocado que el ex Gobernador haya perdido su compostura, y haya actuado de forma impulsiva, suponiendo que sus acciones no iban a tener consecuencias.
La impunidad y la soberbia de esta generación de políticos es lo que explica el “descaro” con el que actuó González Canto al reírse de su pariente Carlos Joaquín González, grabar la retirada de su pendón electoral, y anunciar que iba a continuar retirando el resto de su publicidad. Joaquín González es un candidato “incómodo”, al que no han podido comprar ni enviar a la cárcel. Estas actitudes son muy preocupantes porque suponen una invitación a todos los correligionarios priistas a actuar del mismo modo, con violencia y desfachatez; teniendo presente que no va a haber consecuencias porque los poderes del estado, y los medios de comunicación actúan al mandado; y a la población se le pasará el “capricho” de querer vivir con más libertades, una vez exista un gobierno nuevo en el poder.
Son esas actitudes, instaladas en la impunidad, las que generan una desconfianza muy seria sobre las posibilidades de que en Quintana Roo se puedan celebrar elecciones libres y democráticas el próximo día 5 de junio. Si se está ejerciendo violencia en la campaña, a través de la retirada de publicidad (incluso se han quemado carteles electorales), presencia de provocadores en actos públicos, y hasta este momento el incendio de dos vehículos y una vivienda de activistas de la oposición; qué se puede esperar del día en que esa situación de poder pueda perderse, en el escenario de una posible derrota electoral. Es por ello que es necesario que las aguas vuelvan a su cauce, que existan consecuencias sobre los que han abusado del poder, y que se garantice un proceso político limpio y transparente el próximo día 5 de junio.
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