22 de junio 2016
Solemos interpretar que el golpe de estado está relacionado con los estados nacionales y con la presencia de militares. Sin embargo eso no es así únicamente. Un golpe de estado implica la interrupción de la voluntad popular, mediante la fuerza y el abuso de las estructuras armadas, afectando el curso de la capacidad de gobernabilidad de líderes electos democráticamente.
En una sociedad en donde existe independencia y equilibrio los poderes, se podría argumentar que el legislativo actuó ayer por su cuenta, y en uso de sus potestades. Pero eso no sucede en México… y menos en Quintana Roo.
Es de cínicos irresponsables argumentar ahora la independencia de los poderes, cuando el abuso de los mismos es precisamente lo que la gente ha reclamado, y por lo que ha decidido darle vacaciones permanentes a los actores políticos que tienen secuestrado a Quintana Roo.
Un Golpe de Estado es algo muy serio… y tiene consecuencias penales muy complejas. Significa la interrupción de la voluntad del pueblo por la fuerza que ostenta una minoría.
La presencia de las policías de todo el estado, actuando como represoras y agresoras del pueblo; mientras «abandonaban» sus funciones de orden público en todo el estado, como si fueran el ejército de Borge, remarcan el argumento que se está señalando en esta columna.
El hecho de que en el interior del hemiciclo se instalaran más de 100 policías judiciales sin uniforme para amedrentar a la ciudadanía que logró acceder al Congreso, es otra muestra que se estaba operando una maniobra política ilegítima. Si fuera legítima hubieran tenido la decencia de portar con orgullo sus uniformes.
Se declaró sesión pública pero no se permitió la entrada a los ciudadanos que estaban en el exterior del congreso… y no sólo eso: se violentó su integridad física.
Se instalaron los diputados que concluyen su mandato, e iniciaron procedimentalmente un ejercicio de interrupción de la legitimidad política otorgada a los nuevos poderes electos. Lograron alterar de tal forma al pueblo presente que continuaron cínicamente su sesión a pesar de no escucharse entre ellos. No se debatieron reformas que condicionan la gobernabilidad del estado en todo el periodo gubernamental de los próximos sexenios, y se aprobaron.
Confiados en el conducirse pacífico del pueblo presente en el hemiciclo repentinamente los policías abandonaron sus posiciones, y se dirigieron a «proteger» el nuevo espacio en donde se tenia previsto continuar con el proceso irregular.
A pesar de los ánimos caldeados el pueblo respetó a los todavía diputados y no los violentó, y de repente «huyeron» por la puerta de atrás y corrieron a esconderse para operar en lo oscurito.
Fue vergonzoso y muy triste ver como el legislativo seguía con su orden del día, sin escucharse entre ellos, y sin siquiera prestar atención a la voz profunda del pueblo. Esta se manifestó con contundencia el día 5 de junio, y ayer en el Congreso, y en los exteriores del mismo se replicó, tratando de reclamar la responsabilidad política de diputados que actuaron no como legisladores legitimos, sino como irresponsables porros partidistas.
Los gritos de «fuera», «fuera», «fuera»; los de «no más deuda», «no más deuda», «no mas deuda»; la toma de la tribuna y el canto emocionado del himno de Quintana Roo, y del mexicano por parte del pueblo presente reflejaron la dignidad y el dolor de ciudadanos que señalaron el atropello de los poderes interinos del estado.
Mi recomendación severa y esperanzada es que el gobernador electo inicie una revisión de los procedimientos. El modo de conducirse, sin ser jurista, seguro violentó el procedimiento. Que se lleve este caso de abuso de poder a la justicia, y que se lleguen a las últimas consecuencias.
No puede existir ni perdón ni olvido a los que con tanto cinismo atentan contra la gobernabilidad y el futuro de la comunidad que protestaron representar y conducir políticamente.
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