Se abre una nueva etapa y se generan expectativas. No se puede pretender de la noche a la mañana que las formas de hacer política cambien radicalmente en el estado de Quintana Roo. Seguimos teniendo una sociedad autoritaria, desigual, e integrada por los mismos ciudadanos que brindaron por un año nuevo el 31 de diciembre de 2015. Los partidos políticos tampoco han desaparecido, tienen sus culturas partidarias, y sus particulares formas de hacer política.
El gobernador electo es una persona más, que ha resultado favorecido por el voto popular, porque simbolizó una esperanza de hacer las cosas de una forma diferente, pero que debe ser ayudado para lograr que ello sea posible. Estos días se repiten los mensajes reclamando venganza, aparecen listas negras; los suspirantes a un cargo público se alistan y tratan de hacer llegar sus mensajes para poder participar de esta nueva etapa política. Todo ello es normal en política. No vivimos en un mundo nuevo, enfrentamos unas circunstancias, y un contexto social y cultural idéntico al de los días previos al 5 de junio del 2016. No podemos desconocer tampoco que el ejecutivo tendrá que negociar con diputados en el Congreso, y con municipios que se manejarán con formas tradicionales de hacer política, y que el Gobernador electo no tendrá otra opción que seguir el juego para garantizar la gobernabilidad.
Lo que debe ser diferente es la posibilidad de construir un futuro en el que el ciudadano sí sea tomado en cuenta. En el que se limite la actitud soberbia de los funcionarios, y se comprenda la necesidad que tiene la gente de encontrar “servidores públicos” al otro lado del escritorio. Para darle la vuelta a la historia se debe comprender que Quintana Roo necesita urgentemente construir y consolidar Instituciones. Particularmente en las áreas de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Educación y Salud se requiere que el estado privilegie que cada peso invertido se destine de forma impecable, y que de una vez por todas la sociedad pueda contar con profesionales respetados por sus propias autoridades, con condiciones de vida adecuadas para poderse desempeñar en su trabajo sin excusas; y también apreciados por la sociedad, que debe sentirse orgullosa de poder confiar en sus funcionarios públicos.
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