Publicado en FusiónQ Revista
Marzo 2019
Quintana Roo es el sexto estado de la República con más homicidios en el año 2018, en proporción al número de habitantes (después de Colima, Baja California, Sonora, Guerrero y Guanajuato), y es el tercero en el que más se ha incrementado este delito en el mismo año (después de Tlaxcala y Sonora). El 86 por ciento de los mismos se produjeron en la zona norte del Estado (en la franja que va de Cancún a Tulum).
El municipio en el que se encuentra Cancún es después de Tijuana, Acapulco, Ciudad Victoria y Ciudad Obregón el que proporcionalmente mayor número de homicidios tiene en México; tras ellos se sitúa Culiacán y Ciudad Juárez, seguidos muy de cerca por el municipio en el que se encuentra Playa del Carmen.
Las zonas turísticas del país están sufriendo aumentos en el número de homicidios de forma dramática. El año pasado, según Naciones Unidas, Los Cabos fue considerada la ciudad más violenta del mundo; sin embargo, este año las políticas impulsadas en Baja California Sur, dieron resultados positivos; porque se redujo el número de homicidios de una forma muy importante, pasándose de una aproximado de 350 en 2017 a 105 en el 2018.
En Quintana Roo no se ha invertido de forma adecuada los recursos destinados a seguridad pública. Desde el año 2008 a la fecha se han gastado más de veintiún mil quinientos millones de pesos; entre el gasto ordinario de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuración de Justicia; y los Fondos y Subsidios, coparticipados en un 25% por el Estado y los municipios, que ha recibido la entidad federativa. A este dinero se ha de sumar una cantidad no contabilizada de recursos ubicados en las Direcciones Generales de Seguridad Pública de los once municipios; los dos mil novecientos millones de pesos autorizados por el Congreso del Estado para tecnología en el año 2018; y el dinero destinado a la construcción del cuartel de la brigada de policía militar; así como lo que mensualmente se destina al convenio que se tiene firmado con la Secretaría de Defensa Nacional, a efectos de poder contar con la policía militar en el Estado.
¿En dónde han quedado todos estos recursos, si nos informan que tanto las corporaciones policiales municipales, como la estatal y la ministerial no cuentan con estructuras confiables y profesionales? Si además nos referimos al estado en el que se encuentra el sistema penitenciario, la pregunta todavía es más pertinente.
La estrategia de la actual administración ha sido errática. Inició su andadura señalando la necesidad de contar con mayor tecnología para impulsar el programa “Quintana Roo Seguro” (se hablaba de videovigilancia, arcos de seguridad y del impulso de un C-5 muy bien equipado). Se olvidaron en ese momento de la capacitación y la profesionalización de los elementos policiales.
Conforme se dieron cuenta de la falta de resultados, se miró hacia la Secretaría de Defensa Nacional; y en el año 2017 el general Eduardo Bahena fue contratado como asesor por el Estado, mientras que el municipio de Benito Juárez (Cancún), se hacía con los servicios de los tenientes coroneles Julián Leyzaola y Darwin Puc Acosta. Al mismo tiempo se iniciaba la construcción del cuartel de la brigada de la policía militar, que desde finales del año 2018 tiene ya tres mil quinientos elementos presentes en el Estado de Quintana Roo (iniciándose patrullajes conjuntos con la policía estatal y las municipales).
Siguiendo con esta lógica del caos, a finales del 2018 se contrató también al conocido policía Jesús Alberto Capella, que se desplazó con su equipo de trabajo desde el Estado de Morelos, hasta el de Quintana Roo; con la idea de implantar el Mando Único Estatal, convivir con la policía militar, impulsar el uso de la tecnología para reducir los índices delictivos (y próximamente interactuar con la Guardia Nacional que saldrá aprobada en los próximos días por las cámaras legislativas federales).
A la fecha, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, y algunos presidentes municipales, como Mara Lezama (Benito Juárez) y Laura Beristain (Solidaridad -Playa del Carmen-); no han cesado de culpabilizar a las anteriores administraciones del problema; de señalar a los medios de comunicación como culpables de una situación de inestabilidad que no es real (según su percepción), y de recordarle a todos que Cancún y la Rivera Maya son las caras amables y más conocidas de México, y que la libertad de expresión debe ser limitada para que el destino turístico no se vea afectado.
¿En dónde quedan los ciudadanos en las preocupaciones gubernamentales? ¿Se va arreglar algo por esconder la cabeza como el avestruz frente a los problemas? De momento la premisa de las cifras escandalosas de la prensa se demuestra como falsa. En el año 2017 “Maya Sin Fronteras” señalaba que se habían producido 335 homicidios intencionales en Quintana Roo, y el gobierno del Estado reconoció 363. En el 2018 esta fuente periodística afirmó que se produjeron 757, y el Gobierno 771. ¿En dónde está el escándalo periodístico?
La desconfianza hacia las cifras oficiales es legítima. Es muy difícil saber qué se cuenta y qué se deja de contar. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el número total de homicidios en Quintana Roo fue de 278 en el año 2016, 497 en el 2017 y 936 en el 2018. El incremento es evidente y muy preocupante. Benito Juárez tuvo 141 homicidios en el 2016, 327 en el 2017 y 630 en el 2018. Solidaridad por su parte tuvo 44 en el 2016, 93 en el 2017 y 142 en el 2018. Si tomamos en cuenta el conteo intercensal del INEGI del 2015, Benito Juárez tendría una población de 743.626 habitantes y Solidaridad de 209.634 habitantes. Ello da en el año 2018 una tasa de 85 homicidios por cien mil habitantes para el primero, y otro de 68 para el segundo. Si analizamos con mayor detalle el dato resultaría que Cancún tendría una tasa de 8.47 homicidios por 10.000 habitantes; Playa del Carmen de 7.05 y Tulum de 11.31.
¿No son estos datos preocupantes? La sociedad civil quintanarroense requiere una respuesta de la administración pública que no contemple excusas, ni reparta culpas. Si Los Cabos, así como otras ciudades en el mundo, lograron reducir sus tasas de homicidios, también es posible que el norte de Quintana Roo lo logre.
No creo que la militarización, o el mando único, tal y como lo entiende la actual administración, sean la solución. Deben consolidarse policías municipales eficientes, en los municipios en los que sea posible sostenerlas; y fortalecer a la policía estatal. Debe capacitarse a elementos para el uso de las tecnologías que están en camino de ser adquiridas o rentadas.
Deben consolidarse instituciones de seguridad pública locales, en una etapa en la que la Guardia Nacional, probablemente impulsará políticas de continuidad militaristas que vienen desde el 2006 y que lamentablemente no han dado resultados positivos en el país.
Add Comment