Honduras y Nicaragua son dos naciones centroamericanas que se encuentran en una profunda crisis política desde hace décadas. Son dos de las naciones más pobres de América Latina y comparten no sólo fronteras, sino un autoritarismo muy arraigado, prácticas de patrimonialismo, y corrupción que afectan el sistema político. Los dos ejecutivos se apoyan en la fuerza armada nacional, y se ubican en una tradicional adscripción ideológica que viene desde la guerra fría.
Nicaragua se encuentra teóricamente en la antigua órbita de la izquierda política, que se alineaba con la Unión Soviética antes del fin de la Guerra Fría y después con la alianza bolivariana encabezada por Venezuela (a pesar de los gobiernos liberales que dirigieron el país entre el año 1990 y el 2007). Honduras siempre se ha encontrado en el lado estadounidense, salvo un pequeño período de tiempo entre el 2008 y el 2009, en el que, durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, el gobierno trató de situarse, sin el consenso de los demás poderes del estado, en el bloque boliviariano.
Es en este punto en el que concluyen las semejanzas. Daniel Ortega y su esposa han dominado el escenario político nicaragüense, después de una época de gobiernos muy cuestionados de los liberales (en los que el sandinismo no perdió ni el poder legislativo ni el judicial). El mandato de Daniel Ortega a partir del 2007 se ha apoyado en el ejército, la policía y los grupos de choque de su partido. Ha pactado con empresarios, con la iglesia, y con otros actores y ha tratado de mantener un sistema de pactos de élites en el que el hiperpresidencialismo se ha ido consolidando. Paralelamente la sociedad civil se ha sentido excluida, y se ha molestado por el férreo control del poder por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Finalmente, en abril del año 2018 explotó una revuelta espontánea popular, férreamente reprimida por el gobierno nicaragüense, rompiéndose los pactos de elites de Ortega.
Honduras tiene un modelo distinto de concentración de poder. A lo largo de los años, el hecho de la inexistencia de la reelección en la presidencia de la República, pero la posibilidad de si hacerlo en el caso de las elecciones de diputados o de alcaldes ha provocado la existencia de importantes caciquismos locales. Ello se ha reflejado en la reelección durante varios periodos de alcaldes y diputados, y en la tradicional fortaleza de la presidencia del Congreso que ha sido contrapeso en más de una ocasión del presidente de la República). En Honduras se consolidó un bipartidismo tradicional entre el partido liberal y el nacional. Eso se rompió en el año 2009, con el golpe de estado de junio, y más tarde con el regreso al país de Zelaya y el surgimiento de dos partidos políticos relevantes. La izquierda del partido liberal se organizó en las filas de partido LIBRE, y muchos ciudadanos, agotados por la falta de resultados del sistema político apoyaron a Salvador Nasralla y al Partido Anti Corrupción (PAC).
La tensión política en Honduras ha ido en aumento de forma exponencial desde el 2009, lo que se ha sumado a las difíciles condiciones económicas en las que se encuentra la mayoría de la población, y la presencia de un crimen organizado violento que trata de controlar el territorio y afecta la vida cotidiana de la gente. La reelección de Juan Orlando Hernández en el 2017, tras un cuestionado proceso de conteo electoral, después de que en el 2015 la Corte Suprema de Justicia lo permitiera, ha facilitado la concentración del poder del ejecutivo, que en estos momentos se encuentra fuertemente cuestionado tanto por la oposición política, como por importantes elementos de su propio partido. Hernández señala que en el año 2022 acaba su período, y que no buscará su continuidad, mientras que algunos actores cuestionan con dureza su gestión y tratan de disuadirlo de la necesidad bien de abandonar el poder, o de moderar su estilo de liderazgo. Ello se ha manifestado con más claridad a partir de la crisis de abril del 2019, en el que maestros, médicos, transportistas, estudiantes, y diferentes actores sociales protestaron de forma contundente en contra del gobierno.
Las crisis de abril del 2018 en Nicaragua, y del 2019 en Honduras tienen características muy diferentes; aunque en el fondo reflejan un malestar social claro y similar de sendas sociedades.
En el caso nicaragüense las protestas iniciadas por estudiantes a causa de la reforma de la seguridad social fueron duramente reprimidas. La policía y los grupos de choque próximos al gobierno asesinaron entre 326 personas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 596 según otras fuentes (el gobierno reconoce 200 casos). Fueron muy numerosos los heridos; hubo más de 600 detenidos y se clausuraron organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Los exiliados políticos se cuentan por miles, entre ellos personalidades como Carlos Fernando Chamorro e intelectuales críticos al poder de Daniel Ortega y su esposa. Ello ha llevado a la participación e intentos de mediación de diferentes organizaciones internacionales.
Se formó la Alianza Cívica para la Justicia y Democracia para tratar de mediar con el gobierno nicaragüense, y convocar a elecciones para solucionar el “impasse”. En mayo del 2018 iniciaron los trabajos, pero nunca existió voluntad gubernamental de llegar a acuerdos.
Hasta que la comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos y la Unión Europea, no han amenazado con sanciones, esa voluntad gubernamental no ha existido. En febrero del 2019 el gobierno accedió a instalar de nueva cuenta la mesa negociadora, El 29 de marzo se llegó al “acuerdo para fortalecer derechos y garantías ciudadanas”. Ello implicaba la liberación de presos, el restablecimiento de derechos y libertades, el desarme de los grupos paraestatales y el regreso seguro de los exiliados políticos. El 8 de junio el parlamento firmó un decreto de amnistía, y el día 10 liberó a 56 de los presos políticos más relevantes. A pesar de ello, se ha señalado que todavía no existe voluntad de negociar en el sistema político, y la mayoría de la población tiene mucha desconfianza. A fecha de 29 de julio siguen 120 personas detenidas, y varias que habían sido excarceladas por cuestiones políticas han regresado a la cárcel por otro tipo de delitos.
En Honduras, después de la crisis política del 2009, se ha instalado una tensión muy grande. Odio, intransigencia, manipulación y falsedades por parte de los principales actores políticos son moneda de curso común. Por una parte, encontramos un gobierno autoritario, y corrupto, que llega a acuerdos tanto con el crimen organizado, como con los Estados Unidos. Por otro lado, una elite política de izquierda, también muy autoritaria, que nunca tuvo posibilidad de acceso a los altos puestos gubernamentales con el partido liberal, y que sí lo tuvo en la administración de Zelaya Rosales, que insiste en la idea de perpetuar la división de los ciudadanos hondureños y busca la menor oportunidad para mantener e incrementar la tensión política. Finalmente, tenemos a la mayoría de la población que está muy cansada de un estado que no genera alternativas de gestión eficientes, y de un clima de inseguridad y pobreza muy grave.
El 26 de abril del 2019 el Congreso hondureño aprobó sendos decretos relacionados con la sanidad y la educación, que son los dos sectores públicos más importantes en el país. Éste fue interpretado por los diferentes colectivos como un intento de privatización de los sectores y de despido de muchos trabajadores. Iniciaron una oleada de protestas diferentes grupos sociales que suelen acabar en episodios de violencia urbana. Uno de los más noticiosos fue el del 24 de mayo en el que 40 policías militares entraron en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en el que hubo 3 fallecidos y varios heridos. Ello llevó a que el 2 de junio el gobierno diera marcha atrás y cancelara los decretos, tratando de llevar a médicos y maestros a una mesa de negociación, que éstos no han aceptado.
Juan Orlando Hernández tiene un apoyo importante por parte de los militares y del gobierno de los Estados Unidos, en un contexto en el que uno de sus hermanos está detenido por narcotráfico; así como lo están familiares directos de los dos últimos presidentes, y varios de los empresarios más importantes del país. Su legitimidad la intenta mantener al señalar que, con la creación de un cuerpo de 5,000 elementos, conocido como “Policía Militar de Orden Pùblico”, y una política de mano dura, ha logrado hacer descender las tasas de homicidios en el país (aunque en el año 2013 hizo desaparecer el centro universitario que monitoreaba los números policiales de forma más o menos independiente). Así en el año 2011 había una tasa de 86.47 homicidios por cien mil habitantes, en el 2013 de 79, y en el 2018 de 41.4; y en lo que se lleva de 2019 la tasa se encuentra en 56.5 homicidios por 100.000 habitantes.
Algunos analistas han señalado que en ambos casos, el de Honduras y Nicaragua; “no hay luz al final del túnel”; la crisis política, de democracia y gobernabilidad es muy profunda. En los dos casos hay autoritarismo, corrupción y un estado débil con pocas capacidades de resolver los problemas de la gente. En los dos casos hay presencia del crimen organizado, aunque en Nicaragua ello no se haya manifestado en violencia. En Nicaragua hay un poder familiar instalado, que no es tolerado por la sociedad civil; mientras que en Honduras persiste la resistencia, tanto en la clase política, como en la sociedad, del intento de algunos políticos de quedarse de forma indefinida en el poder.
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