Mientras la inseguridad homicida aumenta en México, especialmente en los polos turísticos del país; ni en el mundo académico, ni en el político, ni entre la población en general se tienen claras las dos dualidades más importantes que tratan de definir la seguridad en México en nuestra contemporaneidad.
Si hablamos de seguridad nacional nos referimos a la seguridad del estado frente a amenazas externas de otras naciones o incluso de organizaciones no gubernamentales, que generalmente se relacionan con el terrorismo o el crimen organizado. Identificamos el territorio como bien a proteger de un potencial enemigo, que normalmente es extranjero (aunque como veremos también puede ser uno o varios ciudadanos). En este contexto y visión los migrantes que avanzan por territorio mexicano se identifican como elementos de otros países que potencialmente amenazan a la seguridad nacional y el crimen organizado transnacional también.
Si centramos nuestro discurso en la idea de la seguridad humana, que ha sido impulsada por las Naciones Unidas, y forma parte del discurso políticamente correcto internacional, al que teóricamente se suma el actual gobierno mexicano y todos los que no quieran salirse de lo que “debe ser”, el objeto cambia. Ya no es el territorio el que ha de ser defendido, sino el ser humano. No necesariamente el ciudadano, sino la persona. Desde esta visión las caravanas de migrantes, organizadas o no, deben ser protegidas y no son una amenaza nacional, puesto que están integradas por personas con derechos humanos que no deben ser vulnerados, y sí protegidos.
En esta primera dualidad a mi me convence más la visión de poner a la persona en el centro de la atención. Los estados nacionales son organizaciones políticas relativamente recientes, y con la evolución acelerada de nuestras sociedades, la globalización, las instituciones y tratados internacionales, cada vez van perdiendo más competencias y cediendo soberanía frente a la realidad. A pesar de ello, en la época de políticos nacionalistas como Trump y López Obrador, y de reivindicaciones independentistas en diferentes partes del mundo, no se puede perder de vista que el Estado sigue siendo la forma de organización política vigente, y junto con la ciudad son las estructuras de convivencia más sólidas que tiene el ser humano. El problema de la seguridad humana, no es el estar centrado en la persona, sino en su visión multidimensional, que trata de gestionar las diferentes “vulnerabilidades” del ser humano que afectan a su seguridad; y que, en sociedades con instituciones políticas y administrativas débiles, están llevando a que se securitice tanto la agenda de desarrollo, como la social.
Si las amenazas para la seguridad del ser humano son la salud, o la pobreza, o la falta de educación y estos temas se etiquetan como asuntos de seguridad humana, ¿para qué sirve el gobierno? La razón de ser de los gobiernos es generar condiciones de convivencia adecuadas para los ciudadanos, y enfrentar los problemas con políticas públicas adecuadas, contando con los funcionarios que tengan el perfil profesional más idóneo para desempeñar esas funciones. Si se etiquetan como temas de seguridad, las instituciones militares, como está sucediendo, cada vez tendrán más funciones, y las instituciones políticas civiles cada vez serán más débiles. Esta es la principal paradoja del concepto de seguridad humana que promueven las Naciones Unidas y un grupo de países ricos, y con instituciones políticas sólidas como Canadá, Japón o Noruega.
En relación a la segunda dualidad que enfrenta al concepto de seguridad pública y seguridad interior, tiene mucho que ver la operacionalización de la primera discusión; así como con la debilidad del estado para proveer un contexto tranquilo, y lo más pacífico posible a sus ciudadanos. La mayor parte de los problemas de convivencia que se desencadenan en una sociedad, no son asuntos de seguridad nacional, sino temas relacionados con la seguridad pública. Son los policías de los diferentes niveles de gobierno los que tienen, o deberían tener el perfil profesional más adecuado para cumplir con esta función, tanto en el ámbito federal, como en el local. Por esta razón son las diferentes autoridades políticas las que deben ocuparse, para que las corporaciones tengan las mejores policías posibles, y no pueden permitirse el lujo de desatender esta política pública tan importante para el mantenimiento de un estado de derecho mínimamente funcional.
El concepto de seguridad interior aparece en la constitución mexicana en 1917 en un contexto políticamente muy diferente al actual. En la guerra fría este concepto se utiliza como excusa para neutralizar al enemigo interno. Éste es el ciudadano que defiende ideas que están en contra de los valores establecidos en la nación. Los ciudadanos comunistas eran considerados en buena parte de las sociedades alineadas con los Estados Unidos como “enemigos” a los que se debía eliminar militarmente, y lo mismo pasaba en el bloque comunista, en relación a los ciudadanos que no comulgaban con sus ideas y que podían poner en riesgo al régimen. Recientemente el concepto de seguridad interior se ha tratado de identificar, de forma “forzada” con la defensa de la estabilidad de las instituciones gubernamentales. Se ha definido que lo que debilita internamente a las instituciones nacionales es un tema de seguridad interior. Es por esa razón que la “captura del estado”, por parte del crimen organizado, se ha tratado de ver desde esta posición, ante la falta de capacidad de las diferentes administraciones de enfrentar este tema como un asunto de seguridad pública.
En México, al utilizarse al ejército en funciones de seguridad pública, lo que está prohibido expresamente por la Constitución, aunque ello fuera matizado por la Suprema Corte de Justicia en la tesis P./J./38/2000; las autoridades militares han tratado de impulsar el debate sobre la idea de que la lucha contra el crimen organizado y la captura del estado no era un tema de seguridad pública, sino de seguridad interior al afectarse la estabilidad de las instituciones de gobierno. Se aprobó a finales de diciembre del 2017 la Ley de Seguridad Interior, que facultaba a las fuerzas armadas a ser los garantes y árbitros de la estabilidad gubernamental. Se señalaba que con esta ley se trataba de proteger a las fuerzas armadas de las posibles consecuencias que pudiera tener el hecho de estar realizando funciones de seguridad pública de forma irregular. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional esta Ley.
En mi particular punto de vista el concepto de seguridad interior, como protector de las instituciones y de la gobernabilidad democrática, es cuestionable en un contexto democrático relativamente consolidado. La “tutela” de la democracia por parte de instituciones al servicio del estado, pudiera llevar a interpretarse como una parcela de autonomía peligrosa incluso para la estabilidad institucional. ¿Quién define cuando y por qué las instituciones y la gobernabilidad democráticas se encuentran en riesgo? y especialmente, ¿cuáles son las medidas que se deben aplicar para defender la institucionalidad?
La decisión de la administración del presidente López Obrador en seguir contando con las fuerzas armadas para el combate contra el crimen organizado, por la debilidad de las policías locales, estatales y federales; y la falta de voluntad política en todos los niveles de gobierno para construir policías eficientes es lo que ha llevado a la creación de la Guardia Nacional, integrada por militares y policía federal. Se define en toda la discusión legislativa que ésta se dedicará a funciones de seguridad púbica, sin mencionar en ningún momento el concepto de seguridad interior.
La Guardia Nacional es una vuelta de tuerca más que finalmente permite que las fuerzas armadas se encarguen de funciones de seguridad pública, de momento con un carácter temporal. Sin embargo, no es la solución ideal, ni va a arreglar los problemas de “captura del estado” que se viven en México. Para ello es necesario fortalecer y profesionalizar las policías municipales y estatales. No hay de otra, en un país tan grande y diverso, que apostar por lo local y por la coordinación. Por otra parte, las fuerzas armadas mexicanas no tienen vocación de convertirse en instituciones de seguridad pública. Su razón de ser son los temas de seguridad nacional (en donde se respete la importancia de la persona, y no se confundan los individuos con sus nacionalidades, puesto que éstos sin investidura no representan de ninguna forma posible a sus estados originarios).
Hay que situar los temas y los conceptos en su punto justo. La seguridad nacional es un asunto relacionado con la defensa del territorio, y de los intereses nacionales realistas o idealistas de México. La visión de la seguridad humana aporta la visión de la importancia de la persona como objeto de atención; pero no tiene una operacionalización viable, porque colisiona con la razón de ser del Estado y de su administración pública, que es el de brindar garantías de convivencia y bienestar a sus ciudadanos. Por su parte la seguridad pública debe encargarse de gestionar los problemas de inseguridad delictiva en todas sus dimensiones. La seguridad interior es un concepto forzado, relacionado con el concepto de “enemigo interno” propio de la guerra fría, y que, a pesar del intento por ser rescatado en el debate, ha caído en el olvido, imponiéndose de esta forma la sensatez y el estado de derecho. El debate sigue abierto en México: el reto continúa siendo que la seguridad nacional no se confunda con la seguridad pública; y que los militares no sean vistos como policías, o como auxiliares de la administración pública en todas las tareas a las que la administración pública no pueda o no quiera enfrentarse.
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