El 20 de febrero a las 7.00 de la mañana se celebró la primera audiencia de vinculación a proceso de estos dos líderes de la comunidad de Maya Balam. En su comparecencia, solicitaron 72 horas para que se resolviese el asunto. El juez de control puede decidir no vincularlos a proceso, o vincularlos al mismo en libertad, o con una prisión preventiva justificada. El sábado a las 9.00 continuará la audiencia, y mientras tanto permanecerán en prisión.
Este caso es el primero en Quintana Roo en el que, por cuestiones de violencia, un importante número de integrantes de una comunidad se ve obligada a desplazarse de forma forzada. Son unas 170 personas las afectadas por esta situación: 70 se encuentran alojadas en la casa hogar del DIF municipal de Othón P. Blanco en Chetumal, 35 están acogidos temporalmente en un domicilio particular de Chetumal, otros 35 se encuentran en casa de familiares en Bacalar; y todavía quedan unas 30 personas relacionadas con la cooperativa de transporte en Maya Balam, que todavía siguen recibiendo amenazas por parte del grupo de poder dirigido por Pedro R.D y César J. G.
El grupo relacionado con el ex delegado sigue despachando en la subdelegación, y utilizan el terror psicológico para amedrentar a las personas que siguen residiendo en Maya Balam relacionados con la cooperativa de transporte. Éstos han sido “multados” por la comunidad con 10.000 pesos, y la megafonía les recuerda por las noches que tienen que pasar a pagar la multa impuesta. La mayor parte de la comunidad, integrada por poco más de 2,000 personas, se ha desentendido del problema por miedo a represalias, mientras que los 150 “compañeros de lucha” de los detenidos son los que han secundado la violencia, han cortado la carretera federal y ahora amenazan con presionar a las autoridades estatales.
Son unas 40 las demandas penales que se han presentado en la fiscalía y que se tendrán que desahogar. La gente está aterrada. En los sucesos del 6 de enero, las tres personas que fueron detenidas ilegalmente por las autoridades de la comunidad fueron rociadas con gasolina, y se prendieron cerillos para amenazarlos y lograr que entregaran las concesiones de transporte. Desde esa fecha las unidades de transporte no operan, y son las que vienen de Kuchumatán las que están cubriendo la ruta.
La autoridad municipal y la estatal no han sabido reaccionar frente al problema. La posición del alcalde de Bacalar Alexander Zetina es insostenible, y probablemente debería ser acusado por abandono de responsabilidades. Él se escuda en que el estallido de violencia no es su responsabilidad, y afirma que el instituto de movilidad estatal es el que tiene que resolver el problema entre los concesionarios y los que aspiran a serlo.
¿En verdad una autoridad municipal es incapaz de ver y atender un problema que afecta la seguridad pública de una comunidad tan importante como Maya Balam? En este caso o existe incompetencia, o colusión. El subdelegado es un representante del municipio, y la única acción realizada por la autoridad fue su cese. Por su parte el Secretario de Seguridad Pública ha asegurado que todo está tranquilo en Maya Balam, y que no existe ningún problema.
Es conocida la estrecha relación de intereses entre el alcalde de Bacalar e importantes autoridades del Gobierno del Estado. La candidatura de Nelia Uc Sosa por parte del PAN-PRD, fue una prueba de la entrega de Bacalar por parte del gobierno del Estado, y también lo son, en la actualidad, las maniobras de Filiberto Martínez para intentar que el sucesor de Zetina, el ex diputado Javier Padilla logre obtener la victoria en las elecciones municipales del 2021.
La secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo ha actuado de forma torpe y reactiva. No quisieron ver, ni resolver y fue cuando el grupo de violentos de Maya Balam cortó la carretera, cuando se preocuparon, y trataron de llegar a acuerdos, porque “lo importante era liberar la carretera federal”. Enrique Paniagua es el encargado de mediar entre unos y otros, sin mucho entusiasmo y con bastante incompetencia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, no ha movido un dedo y se ha negado a declarar la condición de víctimas a los desplazados. Únicamente la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Quintana Roo ha apoyado la situación y está colaborando con los alimentos de las 100 personas que se encuentran refugiadas en Chetumal.
Es increíble que el municipio de Bacalar se haya desentendido. Que no sea capaz de entender que más de 300 personas tienen un conflicto, y que ellos son responsables de haber nombrado y mantenido a un subdelegado que fomentaba la violencia. Es incomprensible que el municipio no haya ofrecido albergue, ni alimentos, ni asistencia jurídica, ni siquiera presencia de la fuerza pública. La incompetencia de la autoridad frente al primer caso de desplazados forzados en Quintana Roo es aberrante.
El Sol de Quintana Roo publicó el 19 de febrero un artículo titulado “Bacalar en manos de depredadores”, y relacionaba al alcalde con diferentes empresas para desarrollar obra pública. Señalaban: “en complicidad con autoridades municipales, y hasta del gobierno el cambio, entrega obra pública a empresas que son propiedad de funcionarios públicos y/o regidores de otras localidades de Quintana Roo”. No son nuevas las afirmaciones del sorprendente enriquecimiento de Alexander Zetina. Hace escasos días, el 11 de febrero, en Por Esto Quintana Roo se señalaba que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estaría investigando al alcalde por conflicto de interés, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, y que se había citado a regidores y funcionarios públicos para declarar en relación a este tema. Lo mismo quizás pudiera decirse de anteriores presidentes municipales de Bacalar, aunque no hay noticia de que éstos hayan sido investigados todavía.
El servicio público es una responsabilidad honorable, y los representantes populares se deben a su pueblo y deben gestionar de forma adecuada los problemas que se enfrentan. El conflicto de Maya Balam es un conflicto mayor que nunca debería haber sido desconocido.
Finalmente, la diputada chetumaleña Ana Pamplona, representante del distrito XIII, que incluye parte de la Zona rural de Othón P. Blanco, Bacalar y parte de José Maria Morelos, impulsó el 17 de febrero una comisión especial en el Congreso del Estado para atender este asunto. El objetivo es convocar a una mesa de diálogo en la que se sienten el presidente municipal de Bacalar, la secretaría de Gobierno del Estado y representantes de ambos bandos de la comunidad. Hay que celebrar esta iniciativa, aunque quizás llega un poco tarde.
Este caso es una cuestión de legalidad y de justicia. Nadie puede estar por encima de la ley. Se tendrá que esperar a las resoluciones del juez de control el próximo sábado, y ver cómo va evolucionando el caso. Las autoridades deberían asumir su responsabilidad y enfrentar el problema, dejando que el poder judicial actúe con independencia y en apego a derecho.
Add Comment