La credibilidad del gobierno de México y la posibilidad de que se pueda impulsar una transformación de la forma de hacer política en el país, están en riesgo por la incontrolable situación de violencia.
Ni la estrategia de “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, ni el discurso centrado en la “prevención de los delitos” de Enrique Peña Nieto, ni el de “abrazos, no balazos” y distribución directa de recursos a los más pobres de Andrés Manuel López Obrador han dado resultados. En el gobierno de Calderón escalaron los homicidios de forma dramática, lo que se moderó en los primeros años de Peña Nieto, pero volvió a aumentar a partir del año 2016, llegándose a un máximo histórico en el año 2019, ya en la administración de AMLO, que se ha mantenido en niveles muy similares tanto en el 2020, como en los primeros seis meses del 2021.
Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no son confiables, pero muestran una geografía aproximada de la violencia homicida. En algunos casos es la intencionalidad política de los gobiernos estatales, y en otros el miedo de las autoridades locales a las represalias del crimen organizado lo que provocan que la información no se recoja de forma precisa (especialmente los casos de Tamaulipas y Veracruz pudieran encontrarse en esta situación). A ello se ha de sumar el alto número de desaparecidos, que se encuentran en fosas clandestinas y que no pueden ser cuantificados.
A pesar de la falta de precisión, las cifras que nos presentan las autoridades permiten tener una idea de la magnitud del problema. Según las fuentes, los homicidios en México se encuentran actualmente entre los 32.000 y los 37.000 anuales, lo que representa más de 26 homicidios por cada cien mil habitantes.
En el año 2020 las cinco entidades federativas más violentas de México fueron Colima, setenta y seis dos por cien mil (76.2), Baja California (70.5), Quintana Roo (65), Chihuahua (62.1) y Guanajuato (59.9). Hasta el mes de junio del 2021 Baja California, Colima, Zacatecas, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora y Guanajuato, seguidos por Morelos y Michoacán son los que presentan tasas más altas.
En relación a las ciudades con más de 500.000 habitantes, las más violentas en el 2021 son Tijuana (Baja California), Ciudad Juárez (Chihuahua), Celaya (Guanajuato), Cancún (Quintana Roo) y Acapulco (Guerrero). En 2020 lo fueron Celaya (105), Tijuana (96.5), Ciudad Juárez (94.6), Irapuato (71.5), Cancún (66.2), Acapulco (48.1), Morelia en Michoacán (47), y Culiacán en Sinaloa (40.9).
Entre las ciudades con menos de 500.000 habitantes, en los primeros meses del año 2021 Tulum (Quintana Roo), Fresnillo (Zacatecas), Ciudad Obregón (Sonora), Manzanillo (Colima), Zacatecas (Zacatecas), Playa del Carmen (Quintana Roo), Uruapan (Michoacán) y Salamanca (Guanajuato) encabezan las tasas de homicidios. En el año 2020 lo fueron Tulum (194.8), Salamanca (150), Manzanillo (144.5), Fresnillo (100.2), Ciudad Obregón (94.4), Tecomán en Colima (81), Playa del Carmen (72.2), Uruapan (63.3), Silao en Guanajuato (59.4), y Zacatecas (58.2).
¿Qué explica la violencia incontrolable en México?
Hay dos razones fundamentales. La clase política ha renunciado a reformar el sistema nacional de seguridad pública, que implicaba transformar las policías estatales y locales, y contar con una estrategia clara de seguridad. Por otra parte, se está viviendo un recrudecimiento de la lucha de los diferentes grupos del crimen organizado.
Durante el sexenio de Felipe Calderón se inició una política que reconocía la debilidad de las policías locales como el gran reto del sistema nacional de seguridad pública. Se diseñó una estrategia de profesionalización y se destinaron una gran cantidad de recursos económicos para lograr este objetivo. La reforma fracasó, tanto por la falta de compromiso de las diferentes autoridades, como por el claro desvío de recursos económicos.
En la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto se abandonó esa estrategia que también había privilegiado contar con militares retirados como directores de policías locales, y se empezó a desplegar la policía militar en el territorio, como apoyo a las municipales y estatales, organizándose operativos conjuntos. Se aprobó una ley se seguridad interior, que posteriormente se declaró inconstitucional, que autorizaba a los militares a participar en actividades de orden público. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se continuó con esta estrategia y se creó la Guardia Nacional, integrada principalmente por elementos militares.
Sin policías locales profesionales, una Guardia Nacional es formación, y una política confusa de aproximación a la delincuencia (“abrazos y no balazos”), los homicidios han seguido incrementándose en México, y el Estado no ha tenido capacidad de reacción ni de control sobre muchos territorios en el país.
La violencia obedece al recrudecimiento de las luchas del crimen organizado por los territorios y las “plazas”. México es un país de consumo y de tránsito de diferentes tipos de drogas. Además, los grupos del crimen organizado tienen otro tipo de actividades, como el “huachicoleo” (robo y comercialización de hidrocarburos), o la trata de personas (especialmente migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos).
Los centros turísticos del país, especialmente Acapulco (Guerrero), Cancún y la Rivera Maya (Quintana Roo), o Guanajuato son puntos importantes de consumo de drogas, y ello genera lucha por la plaza. Actividades como el cobro de derecho de piso a negocios, y el narcomenudeo son comunes. En Acapulco la violencia se incrementa y se reduce, dependiendo de la dinámica de la lucha entre los diferentes grupos del crimen organizado. En Quintana Roo, que además es un importante punto de ingreso de drogas al país, los homicidios empezaron a escalar de forma rápida desde el año 2017, y no se han detenido. Otros destinos como Los Cabos y La Paz en Baja California Sur fueron señalados, entre los años 2016 y 2017, como las ciudades más violentas del mundo, lo que luego se pudo controlar.
Además del consumo de drogas, la lucha de los grupos por el robo de combustible, provocó que los enfrentamientos y las ejecuciones se incrementaran en Guanajuato. La llegada de fentanilo a los puertos del pacífico, especialmente en Manzanillo (Colima), ha provocado el reciente aumento de la actividad criminal en este territorio, y en Zacatecas, que es un punto central para su tránsito hacia los Estados Unidos. Por otra parte, la violencia ha retomado intensidad en entidades fronterizas como Baja California y Chihuahua; y seguramente, a pesar de las cifras oficiales también lo ha hecho en Tamaulipas. Finalmente, en otros estados, en el que tradicionalmente los grupos del crimen organizado han tenido conflictos como en Michoacán, Sonora, y Sinaloa, vuelven a presentarse altas tasas de homicidios.
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